La vigente legislación de patentes, contiene dentro de sus diversas hipótesis normativas, situaciones que anteriores emergencias sanitarias nos han dejado de lección, dentro de éstas contempla que, por causas de emergencia o seguridad nacional, dentro de las que se pueden incluir las ocasionadas por enfermedades graves de atención prioritaria, es procedente el otorgamiento de Licencias de Utilidad Pública, para facilitar la producción o distribución de medicamentos para la población.

El artículo 77 de la Ley de la Propiedad Industrial, establece que “por causas de emergencia o seguridad nacional y mientras duren éstas, incluyendo enfermedades graves declaradas de atención prioritaria por el Consejo de Salubridad General, el Instituto –Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial-, por declaración que se publicará en el Diario Oficial de la Federación, determinará que la explotación de ciertas patentes se haga mediante la concesión de licencias de utilidad pública, en los casos en que, de no hacerlo así, se impida, entorpezca o encarezca la producción, prestación o distribución de satisfactores básicos o medicamentos para la población.” 

Aquí es importante dejar en claro, que no existe en México ni a nivel mundial, patente alguna que sea conocida, que pueda ocuparse en estos momentos, como parte de un tratamiento a aplicarse para los pacientes que cursen con cualquiera de los padecimientos que el COVID – 19 ocasionan. Existe información, que refiere que, al menos 10 países en el mundo, farmacéuticas y centros de investigación con recursos públicos estudian terapias que puedan ayudar a vencer la pandemia causada por el nuevo coronavirus.

Continuando con lo que señala el artículo 77 de la Ley, en su segundo párrafo, de forma sorprendente señala que “….Publicada la declaratoria del Consejo en el Diario Oficial de la Federación, las empresas farmacéuticas podrán solicitar la concesión de una Licencia de Utilidad Pública al Instituto y éste la otorgará, previa audiencia de las partes, a la brevedad que el caso lo amerite de acuerdo con la opinión del Consejo de Salubridad General en un plazo no mayor a 90 días, a partir de la fecha de presentación de la solicitud ante el Instituto.

Recordemos el año 2009, al declararse la emergencia nacional, producto del virus AH1N1, este segundo párrafo del citado precepto causó muchas controversias cuando el medicamento patentado empleado para combatir a este virus, de nombre “TAMIFLÚ”, enfrentó problemas de abasto, habiendo mostrado el dispositivo sus graves limitaciones para ser habilitado con urgencia para permitir la manufactura o importación de genéricos.

Ubicándonos en aquella época (año 2009), la controversia sobre el acceso a medicamentos patentados en los años previos pasó por una batalla internacional de gran impacto, por las denuncias que países afectados por la epidemia del VIH emprendieron en contra de los laboratorios dueños de las patentes de los retrovirales empleados para su cura. En este momento, con estos antecedentes a la vista, la pésima redacción del artículo 77 de la citada ley puede disparar situaciones no deseadas, que motiven como inaccesibles los productos protegidos. En particular, la fórmula debe modificarse para alcanzar dispositivos, implementos, suministros y equipos que puedan ser necesarios para la lucha contra la epidemia. Es claro que un respirador es más útil, en este momento, que un determinado medicamento. De forma urgente, es necesario hacer otra modificación en los tiempos de respuesta, pues como observamos, no es viable esperar 3 meses para acceder a una autorización de manufactura o de importación; la respuesta debe producirse en pocos días.

Con el tema que hoy día nos mantiene a la expectativa, encuentro dos riesgos. Número uno, si por cualquier motivo la emergencia demanda la utilización de fármacos o equipos patentados, la penosa redacción de la Ley mostrará a las patentes como monopolios insuperables que lastiman a la sociedad en beneficio de su titular, al no admitir que las licencias por causas de utilidad pública funcionen adecuadamente. Para esta emergencia es necesario que todos los accesos estén libres y disponibles para no escatimar ni retrasar ninguna ayuda posible.

El segundo riesgo es que, ante la actual situación, el gobierno Federal interprete esta restricción como una muestra indiscutible de que la protección de la Propiedad Intelectual es una creación neoliberal, motivo suficiente para que sea desterrada, en beneficio del acceso de la gente a los implementos y medicamentos necesarios en situaciones de emergencia.

Es importante señalarte querido lector que, TODOS los sistemas de Propiedad Intelectual en el mundo, así como los tratados internacionales, tienen artículos o cláusulas que permiten solucionar situaciones de excepción cuando se trata de preservar la salud humana, como pieza lógica y sensata de cualquier sistema que establezca un orden básico de prioridades.

Estamos en un momento histórico, que nos hace ver, que modificar la pésima redacción de la Ley de la Propiedad Industrial, en el artículo aquí referido, es necesario, a fin de que se regule el acceso a productos patentados necesarios para combatir la pandemia, evitando que malas decisiones legislativas intenten mostrar a todo un sistema de estímulo a la innovación como inexistente y poco solidario.