Los planes, esfuerzos e inversiones que a lo largo de muchos años se han destinado a la digitalización de los poderes judiciales, tanto en los estados de la República como en lo federal, tienen su prueba de fuego ante la emergencia sanitaria que nos asedia. Con diferentes niveles de desarrollo, es claro que el desafío habrá de desnudar las carencias y desatinos que nos han llevado a esta parálisis de lo indispensable. 

Es cierto que la primera línea de batalla contra la pandemia la conforma el sector salud, en todas su modalidades, actores y vertientes, pero los tribunales y demás órganos de administración de justicia deben incluirse en la segunda fila, y bajo ninguna retórica pueden etiquetarse como “actividades no esenciales”. 

La ausencia de la escena nacional de la Corte, los tribunales colegiados y los jueces de distrito (disponibles solo para casos graves), nos deja sin filtros para el control de constitucionalidad de los actos de autoridad, hoy más necesario que en un ambiente de normalidad; la falta de las Juntas de Conciliación, en el ámbito laboral, abre un hueco de orfandad jurídica para miles de trabajadores y patrones que requieren con urgencia de esta función; el cierre de tribunales locales, que puedan recibir las demandas derivadas de incumplimientos de contratos por fuerza mayor, lastima también a muchos ciudadanos que claman por este respaldo; en lo fiscal, la suspensión del Tribunal Federal de Justicia Administrativa deja en estado de indefensión a los contribuyentes; y si de ahí saltamos al ámbito de seguros, o de derechos de consumidores, la conclusión es abrumadora. 

Asumir que un mes y medio de suspensión es superable y que los empleados de estos órganos de justicia tienen derecho a cuidar su salud no es aceptable. Los daños que la inacción está causando, en términos de merma de confianza ciudadana y servicio al gobernado es inexcusable, y el rezago que habrá de generarse cuando montañas de nuevos asuntos lleguen a los escritorios judiciales pondrá pesos enormes sobre el -ya de por sí-, sobresaturado sistema. Por lo que hace al cuidado que el personal judicial merece, nadie lo discute, pero este tendría que gestarse bajo la estimación de que se trata de actividades esenciales, que muchos de los asuntos urgentes podrían despacharse en línea y que, con un mínimo de previsión, jueces secretarios y magistrados podrían utilizar herramientas digitales -simples y seguras-, para tomar acuerdos, dictar sentencias y hacer medianamente operativo el tribunal. 

Lo que esta emergencia está demostrando, es que no tenemos un sistema judicial preparado para operar en la modernidad tecnológica y que el juicio en línea del tribunal fiscal, o las listas de acuerdos por internet, son pinceladas incipientes de un recurso monstruoso que está siendo gravemente desperdiciado. En la odiosa comparación, resulta decepcionante constatar que otros países, con menos recursos e infraestructura que la economía catorce del mundo, mantienen ‘virtualmente’ abiertas las puertas de su sistema de justicia. 

Así que el añejo e inspirador adagio de Morelos, que todos los abogados hemos leído a la entrada de los tribunales colegiados en una bella placa de bronce: “Que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y proteja contra el fuerte y el arbitrario”, deberá ser enmendado para considerar ‘algunos casos de excepción’.