En pasados días, el Senado aprobó reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor para conciliarla con el T – MEC, donde se incluyeron medidas tecnológicas de protección, para evitar que en dispositivos electrónicos se difunda material sin el consentimiento del autor.

En estas últimas semanas se ha generado información de toda índole, que converge en un final similar, el cual es, sembrar la duda a todos los usuarios de Internet, sobre posibles castigos o sanciones, por brincarnos las Medidas Tecnológicas de Protección (MTP) establecidas en la Ley Federal del Derecho de Autor.

Las medidas tecnológicas de protección son, en esencia, candados digitales impuestos por fabricantes o desarrolladores de hardware y de software que pretenden impedir el acceso o copia de la información contenida en dichos equipos y sistemas, con el supuesto objetivo de impedir infracciones a sus derechos de autor.

De acuerdo con Aldo Fragoso Pastrana, Director Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual en Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), no toda evasión de las MTP implica una infracción.

El funcionario asegura que aun violando las MTPs, hay excepciones expresas en tres fuentes. Una de estas fuentes es la citada ley, la cual contiene algunos supuestos normativos de exclusión, a saber, los artículos 114 y 148 y algunos otros.

Una segunda excepción es que el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDA) podrá determinar excepciones específicas, pudiendo acudir ante este organismo a preguntar o someter a su consideración si alguna actividad viola alguna medida.

Por otra parte, el IMPI, podrá dictar resoluciones sobre casos concretos, previo a escuchar a las partes en conflicto y desahogar pruebas, con lo cual se podrá llegar a un veredicto que genere precedentes.

Con relación a este artículo, entre los cambios más relevantes, tenemos los siguientes:

  • Se agregó el Capítulo V al Título IV “De la protección del Derecho de Autor”, en el que se prevén medidas tecnológicas de protección a los autores, la gestión de derechos y respecto a los proveedores de servicios de Internet.
  • Prevé la protección en Internet en referencia a la obra, el autor, el artista intérprete o ejecutante, el fonograma, su productor y respecto del titular estos derechos.
  • Indica que la protección de los derechos a tutelar no aplica a quien produce los dispositivos y sus componentes en que se reproducen tales obras.
  • Advierte que los proveedores de internet tampoco son responsables de acciones de piratería que se produzcan en sus servicios.
  • Consigna la censura digital a través del mecanismo “notificación y retirada”, el cual obliga a los proveedores de servicios de Internet a remover cualquier publicación o contenido de sus usuarios cuando una persona alegue que se violan sus derechos de autor.
  • Prescribe una sanción de 10 años de prisión por eludir “candados digitales”.

Con independencia de lo señalado por la Autoridad, el cual puede afectar de manera directa a los Canales de Distribución que se dediquen al desarrollo, instalación, configuración, mantenimiento y desinstalación de Software; tenemos los “candados digitales”, con los cuales se criminaliza cualquier elusión de las medidas tecnológicas de protección, esto sin que se hayan contemplado las excepciones fundamentales para el ejercicio de los Derechos Humanos, como sí lo hace la legislación de los Estados Unidos y que también se contempla en el mismoT – MEC.

Apegado al texto de la ley, por el hecho de eludir un candado digital para inspeccionar, reparar, dar mantenimiento o modificar un aparato, vehículo o dispositivo tecnológico pueda acarrear multas de 1.7 millones de pesos y hasta 10 años de prisión.

Desde otra perspectiva, aunque pudiera considerarse que las reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor atentan contra la Libertad de Expresión, así como imponen Candados Digitales, pareciera que esto traerá nuevas obligaciones, para plataformas digitales como Facebook, YouTube, Instagram y Twitter, las cuales deben vigilar de forma más cercana los contenidos que se suben a dichas plataformas, así como el origen de los mismos.

¿Qué implica esto último?

La Ley va a facilitar al titular acercarse al intermediario, pidiéndole que no permita a sus usuarios ver un contenido que no está autorizado para ser público, lo cual, en la práctica, ocasionará que representantes de las plataformas digitales se comuniquen con la persona que subió el contenido, para que demuestre que tiene derecho para subir el mismo, y si esto es claro y suficiente, la plataforma tendrá que dejar visible aquél.

Considero que hay ciertos aspectos, que parecieran discutibles, dan ventajas a los titulares de los derechos. Lo que más debe preocupar a las plataformas digitales, es que obtiene el carácter de Autoridad, aun y cuando sea un ente privado, lo que las obliga a recibir notificaciones por parte de los titulares que identifiquen un contenido presuntamente infractor en sus plataformas.

Un ejemplo es que, al no afectar la explotación normal de la obra, no estás incurriendo en una infracción. Lo anterior se soporta en la citada Ley, así como en el Convenio de Berna (de 1886).

Fue el 29 de junio 2020 cuando el Senado aprobó las reformas a laLey Federal del Derechos de Autorpara adecuar sus disposiciones con lo aprobado dentro del Tratado de Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, donde se incluyeron las medidas tecnológicas de protección o candados digitales, para evitar que al usar dispositivos electrónicos se difunda material sin el consentimiento del autor.

Fue el 29 de junio de 2020, cuando la Cámara de Diputados, luego de que el Senado había hecho lo propio, aprobó reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor y al Código Penal Federalpara ajustar la ley mexicana aplicable al capítulo de PI del T – MEC,para vigorizar la protección a los derechos de autor y el combate a la piratería.

Es muy importante que tengas claro, que la Autoridad sólo podrá infraccionarte, hasta haber agotado el procedimiento administrativo seguido a modo de juicio. Para hacernos acreedores a una multa, primero debemos ser escuchados por la autoridad, así como la contraparte.

De forma general, el contenido en materia de derechos de autor que contempla el T-MEC, está basado en derechos protegidos, plazos de protección, medidas tecnológicas de protección, información sobre gestión de derechos, señales de satélite y cable encriptadas portadoras de programas a los titulares y proveedores de servicios Internet.

Candados a la Libertad de Expresión

Las plataformas digitales, hasta cierto punto, son particulares y no tienen la obligación de permitirle al usuario publicar lo que éste quiera, como ente privado, tienen el derecho de generar sus propias normas, lo cual seguro sucederá.

Es una realidad que algunas de estas plataformas digitales son hoy día un espacio público donde cualquiera puede ejercer su Libertad de Expresión.

En mi opinión la limitación a la libertad de expresión ya existía antes de la Reforma, pero tal y como se planteó ésta, sobre todo en el entorno digital, es un mecanismo de doble filo y un arma para argumentar que es un derecho de terceros.

El artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala.-

“Art. 6.- La manifestación de las ideas no será́ objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será́ ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será́ garantizado por el Estado.

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así́ como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así́ como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá́ condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.”

El mecanismo privado de censura en Internet, que nos traen las reformas a la Ley, se conoce como “notificación y retirada”, que, como ya lo he señalado; obliga a los proveedores de servicios en línea a remover cualquier publicación o contenido de sus usuarios cuando una persona alegue que se violan sus derechos de autor; sin necesidad de que se aporte prueba alguna de dicha infracción y sin que una autoridad judicial lo ordene tras un juicio que respete las garantías del debido proceso.

Al permitir que cualquier particular censure expresiones en línea, sin que deba seguirse un proceso legal para determinar si la expresión constituye una infracción a derechos de autor, se establece un mecanismo extrajudicial de censura violatorio del derecho a la libertad de expresión, consagrado en los artículos 6 y 7 de la Constitución y en tratados internacionales, como el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión y que legalizan la censura en Internet configuran un grave retroceso legislativo para la libertad de expresión.

La legalización de la censura se materializa en un momento en el cual la libertad de expresión, se encuentra bajo asedio.

Lic. Rodrigo Langarica D.