El 13 de Abril del presente año, el Senado de la República aprobó la reforma a diversos artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para la creación del PADRÓN NACIONAL DE USUARIOS DE TELEFONÍA MÓVIL (PNUTM).

De acuerdo con el dictamen, aprobado en comisiones, la seguridad de la información estará vigilada bajo los criterios de las Leyes Federales de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y Sujetos Obligados. Sin embargo, es de preocupar que en esas leyes no se especifica el trato especial que deben tener los datos biométricos de los usuarios. 

La razón del Padrón es prohibir los principales delitos que afectan al país (extorsión, secuestro, fraude, etc.) y que son ejecutados usando equipos móviles como herramientas para actos ilícitos. Se busca tener bien identificados a los titulares de las líneas de móviles de comunicación.

Recordemos que hace doce años, en el 2009 se presentó la iniciativa del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT) con la intención de terminar con los actos ilícitos por medio del uso de líneas móviles. El RENAUT era un mecanismo en el cual los usuarios de teléfonos celulares debían registrar sus líneas al servicio usando su CURP. Sin embargo, esta iniciativa no modificó el gris panorama, pues los delitos que se trataban de evitar siguieron sin cambios, ya que los criminales usaban CURP’s de otras personas. Después de su fecha límite se filtró la información, siendo posible comprar la base de datos completa de RENAUT.

Para abril del 2011 el Senado de México aprobó reformas al Código Penal y a la Ley Federal de Telecomunicaciones mismas que propiciaron la desaparición del RENAUT por considerarlo un mecanismo que no funcionó desde su creación. En junio de 2012,​ en la Secretaría de Gobernación, se destruyó la base de datos y todos los registros asociados al RENAUT.

La principal diferencia entre el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil RENAUT y el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil PNUTM, podemos señalar que anteriormente la carga se encontraba en el usuario, mientras que, con esta nueva reforma, la carga está en la concesionaria telefónica. No podemos olvidar que los datos del RENAUT, en su momento, se vendieron por $ 500.00, mostrando con eso, una falla grave al intentar cumplir con las medidas de seguridad pertinentes.

Según lo que resolvieron nuestros legisladores, el Instituto de Telecomunicaciones podrá dar a concesionarios de telefonía la información sobre los usuarios de celulares, para garantizar “la veracidad e integridad del Registro”.

De forma general el nuevo Padrón va a contener la siguiente información:

  1. Número de línea telefónica móvil;
  2. Fecha y hora de la activación de la línea telefónica móvil adquirida en la tarjeta SIM;
  3. Nombre completo o, en su caso, denominación o razón social del usuario;
  4. Nacionalidad;
  5. Número de identificación oficial con fotografía o Clave Única de Registro de Población del titular de la línea;
  6. Datos Biométricos del usuario y, en su caso, del representante legal de la persona moral, conforme a las disposiciones administrativas de carácter general que al efecto emita el Instituto;
  7. Domicilio del usuario;
  8. Datos del concesionario de telecomunicaciones o, en su caso, de los autorizados;
  9. Esquema de contratación de la línea telefónica móvil, ya sea pospago o prepago, y
  10. Los avisos que actualicen la información

Aunado al hecho de que las autoridades de seguridad y procuración de justicia podrían tener acceso a datos del Registro; también se enumeran multas por hacer un mal uso o no cumplir con la inscripción en esta base de información de usuarios, que se contempla se conforme en un plazo de tres años. 

“Diversos grupos especializados en seguridad digital alertaron sobre una vulneración de derechos por la inclusión de datos biométricos, y también ven el riesgo de que el gobierno falle en la tarea de proteger esta información, como ocurrió durante el gobierno de Felipe Calderón, o de que las autoridades hagan un mal uso de los datos.

Al respecto, Luis Fernando García, Director de Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) comenta que esas leyes son “muy malas, no han servido de nada y en este país se violan de manera sistemática los datos de las personas”.[1]

Este nuevo Padrón, abre el debate en la comunidad de expertos y activistas en los derechos fundamentales de libertad de expresión, anonimato, privacidad y protección de datos. Pues si bien en sentido amplio limita y discrimina a la población sin los documentos adecuados a obtener número de tarjeta SIM, por ejemplo, a los menores de edad, personas sin domicilio, o en pobreza.

No hay justificación que valga para implementar la creación de normas que vulneran los derechos fundamentales y ponen en riesgo datos personalísimos bajo pretexto de establecer medidas que reduzcan los delitos originados y realizados mediante el uso de dispositivos móviles. Este es el caso de imponer el Registro de Usuarios de Telefonía Móvil, el cual despilfarra lo que señala el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos relacionado con el acceso al Internet como derecho humano y la obligación del Estado de integrar a todos sus ciudadanos a las tecnologías de la información.

Por otra parte, ensentido estricto, están poniendo nombre y rostro a cada teléfono móvil, desde la óptica del gobierno para prevenir actos ilícitos por estos medios y pareciera que, de una manera excesiva y no proporcional, pues no sólo son datos personales, son datos biométricos y catalogados como sensibles.

Técnicamente los datos biométricos son propiedades físicas, fisiológicas, de comportamiento o rasgos de la personalidad, atribuibles a una sola persona y que son medibles. Estos datos biométricos son:

1. Universales, pues todas las personas los tenemos;

2.Únicos, pues los datos que una persona tiene, no los tiene otra;

3.Permanentes, ya que, en la mayoría de los casos, se mantienen a lo largo del tiempo en cada persona, y

4. Medibles de forma cuantitativa. Entre los datos biométricos que refieren a características físicas y fisiológicas se encuentran la huella digital, el rostro (reconocimiento facial), la retina, el iris, la geometría de la mano o de los dedos, la estructura de las venas de la mano, la forma de las orejas, la piel o textura de la superficie dérmica, el ADN, la composición química del olor corporal y el patrón vascular, pulsación cardíaca, entre otros[2].

Bajo un simple criterio de aplicación de normas y de jerarquía de leyes no se puede pensar ni aceptar que el legislador le dé mayor valor a la creación de un registro obligatorio y excesivo, sobre la necesidad de resolver en definitiva la brecha digital, condicionando arbitrariamente el derecho para acceder a servicios públicos de carácter general que permitan reducir la disparidad que existe entre los diversos segmentos de la población en nuestro país.

El poder legislativo, a través de las reformas y adiciones aprobadas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión ha impuesto de forma artificial el Registro de Usuarios de Telefonía Móvil, violentando el marco constitucional y las tendencias internacionales que buscan promover el entorno digital, dejando al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) con la carga de administrar el nuevo registro, así como con la tarea de rectificar la regulación con la posterior expedición de reglamentos, y asumir las contingencias y reclamos que se deriven de la ejecución de las normas.

Al respecto, diversas instituciones gubernamentales y sociales se han pronunciado, estableciendo de alguna u otra forma, los siguientes puntos:

  1. No existe evidencia de que los registros de tarjetas SIM contribuyan a la reducción de delitos como la extorsión
  2. El padrón sería fácil de evadir por la delincuencia
  3. El padrón atenta contra la presunción de inocencia
  4. La autoridad ya cuenta con múltiples herramientas para investigar delitos como la extorsión
  5. El padrón viola derechos humanos y pone en riesgo la seguridad de las personas usuarias de telefonía móvil
  6. La recolección y almacenamiento de datos biométricos como parte del Padrón puede violar el derecho a la privacidad de manera irreversible
  7. El Padrón desperdicia recursos indispensables para combatir la brecha digital

El ecosistema digital en su totalidad recibirá las afectaciones que genere la entrada en vigor del registro de usuarios móviles, ya que no solamente serán los concesionarios y autorizados, como primeros obligados de las reformas aprobadas quienes tendrán que admitir los costos inherentes a su implementación y funcionamiento, sino que todas las capas del mundo digital tendrán una desaceleración que va a impedir la convergencia efectiva de plataformas, aplicaciones, OTT’s, operadores móviles virtuales, entre otros.

Obligar a usuarios de comunidades remotas y mal conectadas a realizar trámites administrativos para continuar con los servicios de telecomunicaciones básicos es condenar a la desconexión y desamparo a comunidades completas, haciendo crecer la brecha digital y afectando las posibilidades de mejorar la educación, seguridad y salud colectiva.

Incluso el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) advirtió que el PNUTM con datos biométricos pone en riesgo la protección de datos personales, ya que la afectación de estos datos puede generar graves daños difíciles de reparar, aunado a que se debe limitar al máximo la recolección de datos biométricos. Cabe destacar que los datos biométricos requieren del mayor cuidado posible, puesto que cualquier afectación o vulneración podría generar daños significativos de una difícil o imposible reparación, sobre todo, considerando que los datos biométricos hacen referencia a aspectos que permiten ser asociados, de manera única, a una persona y, por ende, constituyen características insustituibles.

Es de hacer notar que la reforma aprobada por el Senado, relativa al tratamiento de datos biométricos no cumple con los principios, deberes, derechos, procedimientos y obligaciones previstos en la normatividad en protección de datos.

Por lo anterior, ante la imposibilidad del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo para convenir e implementar las políticas públicas, leyes y normativas bajo marcos jurídicos certeros y con visión a largo plazo, son los individuos reunidos en comunidades los que deben valorar la defensa de los derechos descritos en nuestro marco constitucional, pudiendo ser las acciones colectivas el medio eficaz para establecer y respaldar las garantías mínimas reconocidas.

La convergencia y transformación digital va más allá de modas, de políticas partidistas o modelos económicos en turno, siendo la ruta de progreso efectivo que permite a la diversidad de grupos que forman una sociedad cubrir sus deficiencias y explotar sus capacidades en beneficio del bien común. Garantizar a los concesionarios y autorizados el efectivo cumplimiento de sus obligaciones sin reglamentaciones excesivas e injustificadas es compromiso del Gobierno por encima de afiliaciones o fobias.